Coordinador parental: qué es y cuándo lo nombra un juez de familia

Hay divorcios que terminan con la sentencia y hay divorcios que empiezan con ella. En los segundos, el convenio o las medidas quedan sobre el papel pero el conflicto continúa: entregas tensas en el portal, mensajes a todas horas, actividades apuntadas sin consultar, vacaciones que se negocian a última hora y niños que aprenden a moverse entre dos casas enfrentadas. Para esos casos, algunos juzgados de familia recurren a la figura del coordinador parental.

Soy Esther Sánchez Hellín, abogada colegiada nº 5795 del ICALI, con despacho en la calle Isabel La Católica 9 de Alicante y especialidad en derecho de familia. Te explico qué es esta figura, cuándo aparece, qué puede y qué no puede hacer, y cómo se plantea en la práctica.

Qué es un coordinador parental

El coordinador de parentalidad es un profesional del ámbito psicosocial, normalmente psicólogo, trabajador social o mediador con formación específica, que interviene en familias con alta conflictividad tras la ruptura para ayudar a que las medidas acordadas o impuestas se cumplan de verdad. Su objetivo no es reconciliar a los adultos ni decidir quién tiene razón, sino proteger a los hijos del conflicto y hacer viable la coparentalidad.

Su trabajo combina tres registros: educativo, porque enseña a los progenitores a comunicarse sobre los hijos sin reabrir el pleito; de gestión de conflictos, porque facilita acuerdos en los cientos de decisiones cotidianas que la sentencia no puede prever; y de seguimiento, porque informa al juzgado del grado de cumplimiento cuando así se ha establecido.

En qué se diferencia de la mediación y del punto de encuentro

Es importante no confundir figuras que se parecen pero cumplen funciones distintas:

La diferencia práctica más relevante es la confidencialidad: lo hablado en mediación no llega al juzgado, mientras que el coordinador sí puede informar de cómo se está cumpliendo el régimen y de qué progenitor obstaculiza los acuerdos.

Cuándo lo nombra un juez de familia

En España no existe hoy una ley estatal que regule expresamente esta figura con un estatuto propio. Los juzgados que la utilizan se apoyan en las facultades que el Código Civil concede al juez para adoptar las disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios, y en la posibilidad de recabar el dictamen de especialistas al resolver sobre la guarda y custodia. La LOPIVI, además, refuerza el deber de todas las instituciones de proteger a los menores frente a la violencia, incluida la que sufren al quedar atrapados en el conflicto de sus padres.

Los escenarios donde más se acuerda son estos:

• Incumplimientos reiterados del régimen de visitas o de la comunicación entre progenitores, con denuncias y ejecuciones sucesivas.
• Conflictos crónicos por decisiones cotidianas: colegio, actividades, salud, viajes, documentación.
• Dificultades graves de comunicación entre los progenitores que impiden cualquier acuerdo, por mínimo que sea.
• Deterioro del vínculo de los hijos con uno de los progenitores en un contexto de conflicto de lealtades.
• Procedimientos de modificación de medidas que se repiten sin que ninguna resolución cierre el problema.

Su nombramiento puede pedirse por una de las partes, proponerse de común acuerdo o valorarse de oficio con audiencia del Ministerio Fiscal, que interviene siempre que hay menores.

Qué puede hacer y qué no

El coordinador parental no sustituye al juez ni modifica la sentencia. No decide sobre la custodia, no cambia el régimen de visitas ni altera las pensiones. Lo que hace es concretar y facilitar dentro del marco ya fijado: acordar el modo de entrega, fijar canales de comunicación, ordenar el calendario escolar, gestionar las urgencias médicas o pactar cómo se reparte una actividad extraescolar.

Tampoco es un terapeuta de los progenitores ni un investigador. Y no está para dar la razón a nadie: su cliente, si cabe la expresión, es el niño.

Duración, coste y funcionamiento

La intervención suele tener una duración limitada, orientativamente de seis meses a un año, prorrogable si el juzgado lo estima necesario. Empieza con entrevistas individuales y conjuntas, sigue con sesiones periódicas y con contactos puntuales cuando surge un conflicto concreto, y termina con un informe de cierre.

El coste corre normalmente a cargo de los progenitores, con el reparto que fije la resolución, habitualmente por mitades o en proporción a los ingresos. En algunos territorios existen programas públicos o subvencionados, pero no es la situación general, así que conviene preguntar por el coste antes de aceptar la propuesta. Si tu situación económica es ajustada, valora si cumples los requisitos de la justicia gratuita en el Servicio de Orientación Jurídica del ICALI.

Qué pasa si un progenitor no colabora

La falta de colaboración no es gratuita. El coordinador informa al juzgado y ese informe puede tener consecuencias reales: desde un apercibimiento hasta la valoración de la conducta obstructiva en un procedimiento de modificación de medidas o en la ejecución de la sentencia. Los tribunales vienen dando importancia a la actitud de cada progenitor a la hora de favorecer la relación de los hijos con el otro.

Si el incumplimiento es de pagos y no de convivencia, el camino es distinto y lo explico en el artículo sobre las consecuencias del impago de la pensión de alimentos. Y si lo que ha cambiado son las circunstancias de fondo, el cauce adecuado es la modificación de medidas.

Cómo se plantea en Alicante

En los juzgados de familia de la Ciudad de la Justicia de la avenida Aguilera, la coordinación de parentalidad no es una medida rutinaria: aparece en los asuntos que ya han pasado por varias ejecuciones y en los que el equipo psicosocial adscrito al juzgado ha detectado un conflicto sostenido que perjudica a los menores. Mi experiencia es que se aprovecha mucho mejor cuando la propuesta llega de las dos partes, con un profesional aceptado por ambos y con unas reglas claras de funcionamiento y de coste desde el principio.

Como abogada, mi trabajo aquí es doble: proponer la figura cuando creo que puede desactivar un conflicto que ninguna sentencia va a cerrar, y proteger a mi cliente para que la intervención no se convierta en una vía indirecta de revisar lo ya juzgado. Si estás en pleno debate sobre el reparto de tiempos, te ayudará el artículo sobre los requisitos de la custodia compartida, y para las fechas señaladas, el de custodia y visitas en Navidad y vacaciones. El recorrido completo lo tienes en mi guía de derecho de familia en Alicante.

Esta información es general y a fecha de publicación; la conveniencia de esta figura depende siempre de las circunstancias concretas de la familia.