Durante muchos años, cuando una persona tenía una discapacidad que le impedía gobernarse por sí misma, la respuesta del derecho era «incapacitarla»: un juez declaraba que no podía decidir y otra persona pasaba a hacerlo en su lugar. Ese modelo ya no existe. Hoy la ley parte de una idea muy distinta y mucho más respetuosa: todas las personas tienen capacidad jurídica, y lo que algunas necesitan son apoyos para ejercerla.
Soy Esther Sánchez Hellín, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante con más de veinte años de ejercicio, y acompaño a muchas familias que quieren proteger a un hijo con discapacidad, a un padre con deterioro cognitivo o a un hermano que ya no puede gestionar sus asuntos. En este artículo te explico, en lenguaje claro y con el respeto que el tema merece, cómo funciona el sistema actual de medidas de apoyo.
De la incapacitación al sistema de apoyos: qué cambió
La reforma legal de 2021 supuso un giro completo en esta materia. Desaparecieron la incapacitación judicial, la tutela de personas adultas y la patria potestad prorrogada, y en su lugar se instauró un sistema de medidas de apoyo. La diferencia no es solo de palabras: antes se sustituía la voluntad de la persona; ahora se la acompaña para que pueda decidir por sí misma en la medida de lo posible.
Esto significa que ya no se declara a nadie «incapaz». Lo que hace el juzgado, cuando resulta necesario, es determinar qué apoyos concretos necesita una persona y para qué actos: gestionar una cuenta bancaria, firmar contratos, tomar decisiones médicas o administrar una herencia. Las sentencias antiguas de incapacitación, además, deben irse revisando y adaptando a este nuevo sistema, algo que muchas familias todavía tienen pendiente. Si en vuestro caso existe una sentencia anterior a la reforma, conviene pedir esa revisión: el resultado suele ser una medida más ajustada y respetuosa con la persona.
Los principios que guían el sistema actual
Todas las medidas de apoyo, tanto las voluntarias como las judiciales, responden con carácter general a unos mismos principios:
- Voluntad y preferencias: el apoyo debe respetar lo que la persona quiere y siente, no lo que resulte más cómodo o conveniente para su entorno.
- Necesidad: solo se establecen apoyos cuando de verdad hacen falta; si la persona puede decidir por sí sola en un ámbito, en ese ámbito no se interviene.
- Proporcionalidad: el apoyo se ajusta a cada caso concreto; puede limitarse a actos muy determinados y no tiene por qué abarcar toda la vida de la persona.
- Revisión periódica: las medidas judiciales no son para siempre; se revisan cada cierto tiempo para comprobar que siguen siendo adecuadas.
La guarda de hecho y el defensor judicial
La guarda de hecho es la medida más frecuente y, a la vez, la más desconocida. Es la situación del familiar que, sin nombramiento judicial alguno, se ocupa en el día a día de una persona que necesita apoyo: la madre que gestiona los asuntos de su hijo con discapacidad intelectual o la hija que cuida de su padre con alzhéimer. La ley actual la reconoce y le da pleno valor: con carácter general, el guardador de hecho puede seguir actuando sin necesidad de un procedimiento judicial completo, y solo para actos de especial trascendencia necesita pedir una autorización judicial concreta.
El defensor judicial, por su parte, es un apoyo puntual y transitorio: se nombra para un asunto determinado, por ejemplo cuando existe un conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y quien habitualmente le presta apoyo, o mientras se resuelve un procedimiento en curso. Terminada su función concreta, el cargo se extingue sin más trámite.
La curatela: el apoyo judicial más completo
Cuando la persona necesita un apoyo continuado y no existen medidas voluntarias suficientes, el juzgado puede constituir una curatela. El curador, que suele ser un familiar cercano, asiste a la persona en los actos que la resolución judicial detalla de forma expresa, ni uno más ni uno menos.
La regla general es la curatela asistencial: el curador acompaña, informa y ayuda a decidir, pero no sustituye a la persona. Solo en los casos más intensos, cuando alguien no puede expresar su voluntad de ningún modo, se prevé una curatela con facultades de representación, y siempre limitada a los actos que el juez concrete. Me gusta explicarlo como un traje a medida: la resolución dice exactamente para qué actos hay apoyo y para cuáles la persona sigue decidiendo sola, con plena validez.
Autocuratela y poderes preventivos: decidir hoy para mañana
Uno de los grandes avances del sistema actual es que cualquiera de nosotros puede organizar sus propios apoyos antes de necesitarlos, sin esperar a que decida un juez. Con carácter general, existen dos herramientas notariales principales:
- Autocuratela: permite dejar dicho ante notario quién quieres que sea tu curador si algún día lo necesitas, a quién excluyes expresamente y qué reglas debe seguir en su actuación, por ejemplo sobre la gestión de tus bienes o tus cuidados.
- Poderes preventivos: son poderes que otorgas a una persona de tu confianza para que gestione tus asuntos si pierdes capacidad en el futuro, lo que en muchos casos evita tener que acudir al juzgado.
Estas medidas voluntarias tienen preferencia sobre las judiciales: si están bien diseñadas, el juez debe respetarlas. Por eso las recomiendo especialmente a personas con diagnósticos de enfermedades degenerativas en fases iniciales y, en realidad, a cualquier persona previsora que quiera dejar sus asuntos ordenados.
El papel de la familia y cómo se tramita en general
La familia sigue siendo el pilar de todo el sistema: los apoyos judiciales suelen recaer en el cónyuge, los hijos o los hermanos, y el juzgado tiene muy en cuenta la opinión del entorno cercano. Cuando hay que acudir a la vía judicial, con carácter general el procedimiento comienza con una solicitud en la que se explica la situación de la persona y los apoyos concretos que se piden. Si nadie se opone, se tramita como un expediente de jurisdicción voluntaria, más ágil y menos gravoso; si hay oposición, se convierte en un procedimiento contencioso.
En ambos casos el juez escucha a la persona interesada y a sus parientes próximos, y recaba los informes necesarios, entre ellos el del médico forense. La persona con discapacidad es siempre la protagonista: tiene derecho a ser oída, a entender lo que ocurre con los ajustes que precise y a participar en las decisiones. Mi labor como abogada es preparar bien la solicitud, proponer la medida menos invasiva posible y acompañar a la familia durante todo el proceso, resolviendo dudas y evitando trámites innecesarios.
En resumen
El derecho ya no habla de incapacitar a nadie, sino de apoyar a quien lo necesita con medidas hechas a medida que respetan su voluntad y sus preferencias: la guarda de hecho, el defensor judicial, la curatela y, sobre todo, las medidas voluntarias como la autocuratela y los poderes preventivos, que nos permiten decidir hoy quién nos ayudará mañana y cómo queremos que lo haga.
Si en tu familia hay una persona que necesita apoyos, tenéis pendiente adaptar una antigua incapacitación o quieres dejar organizados tus propios apoyos para el futuro, estaré encantada de orientarte en una primera consulta sin compromiso en mi despacho de la calle Isabel La Católica 9 de Alicante. Puedes llamarme o escribirme por WhatsApp al 627 502 675 y lo vemos juntos, con calma y con todo el respeto que estas situaciones merecen.