Vivir en comunidad tiene muchas ventajas y, seamos sinceros, algún que otro quebradero de cabeza: el vecino que no paga las cuotas, el bajo convertido en local ruidoso, la obra que alguien hace sin permiso, la junta que acaba en discusión. En una provincia como Alicante, llena de edificios residenciales y urbanizaciones, los conflictos en comunidades de propietarios están entre los asuntos que más atiendo.
Soy Esther Sánchez Hellín, abogada del ICALI (colegiada nº 5795), con más de veinte años de ejercicio y despacho en la calle Isabel La Católica de Alicante. En este artículo repaso los conflictos más habituales entre vecinos, cómo funcionan las juntas y los acuerdos, qué se puede hacer frente a los morosos y a las actividades molestas, y cuándo conviene poner el asunto en manos de una abogada. Todo ello con carácter general, porque cada comunidad y cada estatuto tienen sus particularidades.
Los conflictos más habituales en una comunidad
La convivencia en régimen de propiedad horizontal genera fricciones muy reconocibles. Estos son los frentes que más se repiten en mi despacho:
- Impago de cuotas: propietarios que dejan de pagar las cuotas ordinarias o las derramas y tensionan la economía común.
- Ruidos y actividades molestas: desde fiestas recurrentes hasta locales o viviendas de uso turístico que alteran el descanso de todos.
- Obras sin autorización: cerramientos de terrazas, cambios de ventanas o reformas que afectan a elementos comunes o a la estética del edificio.
- Uso de elementos comunes: disputas por trasteros, patios, azoteas, plazas de garaje o la instalación de aparatos en la fachada.
- Desacuerdos sobre gastos: derramas para el ascensor, la rehabilitación de la fachada o la piscina que dividen a los vecinos.
Juntas y acuerdos: así se deciden las cosas
El órgano de decisión de la comunidad es la junta de propietarios, que se reúne al menos una vez al año para aprobar cuentas y presupuesto, y siempre que la convoque la presidencia o la soliciten los propietarios en los términos legales. En la junta se adoptan los acuerdos, y aquí está la clave: no todos requieren el mismo apoyo. Con carácter general, los asuntos ordinarios se aprueban por mayorías, mientras que determinadas decisiones de mayor calado exigen mayorías cualificadas o incluso unanimidad, según su naturaleza y lo que disponga la Ley de Propiedad Horizontal.
Dos consejos prácticos que doy siempre: asiste a las juntas o delega tu voto, porque las decisiones se toman con los presentes y representados; y revisa el acta en cuanto la recibas, porque de su contenido y de su notificación dependen, con carácter general, los plazos para reaccionar frente a lo acordado. Los propietarios ausentes disponen además, con carácter general, de un mecanismo para manifestar su discrepancia respecto de ciertos acuerdos tras recibir el acta, por lo que conviene no archivarla sin leerla con atención.
La impugnación de acuerdos, en líneas generales
Que un acuerdo se haya votado no significa que sea intocable. Con carácter general, pueden impugnarse ante los tribunales los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, los que resulten gravemente lesivos para la comunidad en beneficio de algún propietario y los que supongan un grave perjuicio para algún vecino que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.
Ahora bien, impugnar exige cumplir ciertos requisitos: haber votado en contra o salvado el voto (o haber estado ausente, según los casos), estar al corriente de pago o consignar las cantidades debidas, y actuar dentro de unos plazos que, con carácter general, son breves y varían según el tipo de acuerdo. Por eso, si sales de una junta con la sensación de que se ha aprobado algo injusto o contrario a la ley, mi consejo es consultar cuanto antes: dejar pasar el tiempo suele cerrar la puerta a la impugnación.
La reclamación de cuotas a propietarios morosos
El impago de cuotas es, seguramente, el conflicto que más daño hace a las comunidades, porque los gastos no desaparecen: se redistribuyen entre quienes sí pagan. La ley ofrece un camino razonablemente ágil para reclamar:
- Certificación de la deuda: la junta aprueba la liquidación de la deuda y acuerda reclamarla, con certificación del secretario y el visto bueno de la presidencia.
- Requerimiento previo: se reclama el pago al moroso de forma fehaciente, lo que en ocasiones basta para cobrar sin llegar al juzgado.
- Proceso monitorio: si no paga, se acude a esta vía judicial, especialmente pensada para las cuotas comunitarias.
- Ejecución: si el deudor no paga ni se opone, pueden embargarse sus bienes, incluida, en su caso, la propia vivienda o el local.
Además, la afección real del inmueble hace que quien compra un piso responda, dentro de ciertos límites temporales y con carácter general, de deudas comunitarias anteriores. Una comunidad bien asesorada cobra antes y evita que la morosidad se enquiste.
Ruidos, obras y actividades molestas: vías de actuación
Frente a actividades molestas, insalubres o ilícitas, la Ley de Propiedad Horizontal prevé un mecanismo específico: el requerimiento de la presidencia para que cese la actividad y, si no se atiende, la llamada acción de cesación, que puede terminar en una sentencia que ordene el cese e imponga, en supuestos graves, otras medidas sobre el uso del inmueble. En paralelo, según los casos, pueden entrar en juego las ordenanzas municipales sobre ruidos y la vía administrativa.
Con las obras no consentidas que afectan a elementos comunes ocurre algo parecido: la comunidad puede exigir su legalización o la reposición al estado anterior, y el propietario perjudicado por obras ajenas también puede defenderse. En todos estos conflictos, documentar bien los hechos (actas, fotografías, mediciones, testigos) resulta decisivo para que la reclamación prospere.
Convivencia, mediación y cuándo hace falta una abogada
No todo debe acabar en el juzgado, y lo digo siendo abogada. Muchos conflictos vecinales se resuelven con una conversación ordenada, una junta bien planteada o una mediación en la que un tercero neutral ayuda a encontrar una solución aceptable para todos. El pleito entre vecinos tiene un coste emocional añadido: al día siguiente de la sentencia, os seguiréis cruzando en el ascensor. Por eso siempre exploro primero si existe margen para un arreglo razonable, y solo cuando no lo hay, o cuando el asunto no admite espera, planteo la vía judicial.
Dicho esto, hay momentos en los que la intervención profesional es muy aconsejable: cuando la morosidad se acumula, cuando un acuerdo puede ser impugnable y el plazo corre, cuando la actividad molesta persiste pese a los requerimientos o cuando la comunidad o un propietario reciben una demanda. Una abogada aporta estrategia, evita errores formales en convocatorias, mayorías y notificaciones, y defiende tus intereses tanto si actúas como comunidad como si lo haces a título individual.
En resumen
Los conflictos en las comunidades de propietarios (morosidad, ruidos, obras, uso de los elementos comunes, acuerdos discutidos) tienen cauces legales claros, pero exigen respetar procedimientos y plazos que, con carácter general, son breves. La combinación de diálogo, buen asesoramiento y firmeza cuando toca suele dar los mejores resultados para la convivencia y para el bolsillo.
Si tu comunidad sufre impagos, si te preocupa un acuerdo de la última junta o si un conflicto vecinal se te ha ido de las manos, estaré encantada de ayudarte a valorarlo. Puedes venir a mi despacho de Isabel La Católica 9, en Alicante, o escribirme por WhatsApp o llamarme al 627 502 675 para una primera consulta sin compromiso. Miraremos tu caso con calma y buscaremos la vía más razonable.